El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 20 de mayo la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La mayor reforma de nuestro Derecho privado abordada en época democrática. La norma entró en vigor el 3 de junio (Ver Ley 8/2021)

                                                                             
Esta reforma ha sido impulsada por Aequitas, la ONG del Notariado, y supone un reconocimiento a los esfuerzos en pro de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que desde hace año vienen realizando las asociaciones sociales integradas en CERMI.

 
Hasta ahora, para que las personas con discapacidad pudieran ejercitar sus derechos, ya fueran patrimoniales (compraventa o préstamos hipotecarios), personales (actas, poderes…), familiares (capitulaciones matrimoniales, matrimonio, reconocimiento de hijos, divorcio…) o sucesorios (testamentos y particiones hereditarias…) lo habitual era que sus familias solicitaran su incapacitación judicial, que sustituía su toma de decisiones y su autonomía de la voluntad. 

                                                
A partir de ahora, se arbitra un modelo de apoyos que no sustituye la voluntad de las personas, al contrario, las respalda para desarrollar su proyecto de vida. De esta manera, en la mayoría de los casos, no se necesitará una resolución judicial, como sucedía hasta ahora, sino que será la propia persona quien designe o establezca los apoyos que precise, y su voluntad deberá ser respetada. 

 
En este nuevo contexto, “El asesoramiento notarial será clave para cumplir la ley y permitir el ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad”, señaló José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Madrid, durante el Desayuno Informativo mantenido con la prensa para profundizar en aquellas figuras de la ley que permiten un modelo de previsión socialmente inclusivo y económicamente eficaz.

Martínez Sanchiz afirmó que los notarios se muestran orgullosos de contribuir al cambio de paradigma “con todas las garantías jurídicas” y aseguró  que “la obligación y el compromiso de este colectivo es que se adopten los mejores apoyos en cada caso”.

 
Por último, José Ángel Martínez Sanchiz  recordó que este avance legislativo “permite pasar de un modelo paternalista a un modelo en el que la voluntad de las personas -la autonomía personal- es el principio vertebrador del marco jurídico de la discapacidad y de los derechos civiles de las personas con discapacidad, equiparándolas jurídicamente a aquellos ciudadanos que no están en esta situación”.